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Se trata de una valoración clínica de los internos para detectar enfermedades o adicciones, explicó la diputada Bettiana Díaz, integrante de la comisión de seguimiento
En octubre de 2024, la Organización de Funcionarios Penitenciarios presentó ante la justicia un hábeas corpus correctivo contra el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, por el hacinamiento y la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad en todas las cárceles del país.
La presentación se formula ante “la situación de hacinamiento y falta de asistencia que existe en el INR”.
En base a esa demanda, la justicia fue tomando algunas medidas, entre ellas, encomendar la realización de un triage para captar a las personas privadas de su libertad que presenten problemas de adicciones y asociados y brindarles el tratamiento correspondiente según lo que disponga el médico.
Los servicios de salud de ASSE desembarcaron ayer en el módulo 4 del ex Comcar y hoy miércoles se iniciaron los exámenes médicos. La diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz, denunciante de la situación junto con los operadores carcelarios e integrante de la comisión de seguimiento que formó para el cumplimiento de las medidas dispuestas por la justicia, dijo que
La legisladora enumeró que los primeros acuerdos alcanzados con la justicia, “ponen en marcha tres de los 10 puntos establecidos”. Además de los exámenes médicos a los reclusos, se acordó la revisión del sistema de traslados y la formación de los operadores en temas de adicciones.
Escuchar la entrevista:
Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS.