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El tema deberá subsanarse en el próximo gobierno, sostuvo
El ministro de Transporte, José Luis Falero, afirmó que el gobierno no incumplió sus obligaciones con el consorcio encargado de la construcción y operación del ferrocarril central. Señaló que actualmente se mantienen conversaciones para evitar un litigio por 160 millones de dólares.
Falero sostuvo que la resolución del conflicto quedará en manos del próximo gobierno y destacó que las empresas constructoras se retrasaron en las obras, lo que pudo haber derivado en una demanda por parte de UPM. Explicó que el país estuvo en riesgo de enfrentar un reclamo debido al compromiso firmado con la empresa para garantizar la disponibilidad del ferrocarril.
Luego de que el consorcio constructor anunciara su intención de presentar un reclamo contra el Estado uruguayo por presunto incumplimiento, Falero recordó en conferencia de prensa que las dificultades surgieron de un contrato original firmado en 2019 por la administración anterior. Aseguró que el acuerdo se suscribió apresuradamente y con condiciones inviables, como la entrega de expropiaciones en un plazo de apenas diez días.
El ministro subrayó que el gobierno actual impulsó modificaciones al contrato para asegurar la finalización de la obra y evitar sanciones. A pesar de los obstáculos, sostuvo que se cumplieron los hitos necesarios para prevenir conflictos legales. “Este es un contrato que se firmó el 10 de mayo del 2019 por la administración anterior y que, como es de público conocimiento, ha sido bastante complejo de ejecutar y concluir. Como recordarán, esto está vinculado al contrato con UPM, que exigía al Gobierno nacional una serie de condiciones para su cumplimiento y para evitar sanciones”, declaró.
Falero insistió en que el contrato original establecía requisitos imposibles de cumplir. “Una de ellas fue la necesidad de que el Estado entregara expropiaciones en 10 días al consorcio para poder hacer las obras. Es imposible hacer una expropiación en ese plazo”, ejemplificó.
Ante estos problemas, el gobierno realizó ajustes contractuales. Dijo: Eso llevó a que tuviéramos que hacer una primera adenda en 2021 y una segunda en 2023. En esa segunda pensábamos que habíamos resuelto el tema, ya que la empresa debía entregar la obra finalizada el 24 de diciembre de 2023. Eso no aconteció, por lo que se abrió una nueva instancia de negociación. Finalmente, se logró la puesta en servicio provisoria el 1 de abril.
El ministro descartó cualquier incumplimiento de la actual administración. “Quiero dejarlo bien claro: la administración lo que ha hecho es concretar la obra para evitar sanciones derivadas del acuerdo ROU-UPM”, enfatizó.
Sobre el pago reclamado, Falero aclaró que es necesario modificar el contrato. “El ministro no puede ordenar un pago si no hay una modificación del contrato, porque el contrato finalizó. La última modificación es del 24 de diciembre del 2023. Hay que modificarlo para que el ministro, como ordenador de gasto, tenga la facultad de hacerlo”, detalló e informó que ya se elaboró un proyecto de adenda, que debe pasar por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía.
Finalmente, expresó confianza en que el próximo gobierno podrá gestionar la situación de manera favorable. “Aspiramos y confiamos en que la nueva administración, a la que ayer le transmitimos la información, cuenta con todos los elementos, incluso más contundentes de los que tuvimos nosotros al asumir, cuando el contrato ya estaba firmado y el margen de maniobra era muy poco”, concluyó.