El senador Aníbal Pereyra cuestionó la decisión que la Fiscalía tomó de forma “aleatoria” y Da Silva lo acusó de “presionar” a la Justicia.
La Fiscalía General de la Nación anunció que la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Sandra Fleitas, será quien estará a cargo de la causa del Estado uruguayo contra el astillero español Cardama, que fue denunciado en el ámbito penal y civil. La Unidad de Depuración Priorización y Asignación del Ministerio Público le adjudicó la causa a Fleitas “en función del sistema informático aleatorio”.
La designación de Fleitas causó rispideces en el sistema político uruguayo. El senador del Frente Amplio Aníbal Pereira cuestionó el rol de la fiscal. “No creo en Brujas….pero que las hay las hay, ¿una mano negra? ¿O cosas casuales no más?”, escribió en su cuenta de X el exintendente de Rocha.
No creo en Brujas….pero que las hay las hay, una mano negra? O cosas casuales no más? https://t.co/Y2zotWIOtn
— Aníbal Pereyra (@Anibal_Pereyra_) October 27, 2025
El legislador nacionalista Sebastián Da Silva salió al cruce con Pereyra: “Lindo el senador del Gobierno presionando la Justicia”, escribió en redes sociales.
Mario Cardama, dueño del astillero español, dijo a Montevideo Portal que está esperando que desde el gobierno de Yamandú Orsi “lo llamen”. “Poder contactarme con ellos, sentarme a charlar y resolver esto para que Uruguay, en poco menos de dos años, tenga las dos patrullas”, sostuvo.
Cardama garantizó que “se va a defender como dé lugar”. “Desde el momento cero tuvimos la buena voluntad de negociar y de charlar. Estoy esperando que me llamen y me digan: ‘Pues, Mario, vamos a resolver esto; este aval no me sirve, tráeme otro’. Y yo lo hago. No sé cuánto me puede llevar hacer esa gestión, pero se hace”, expresó.
Tal como informáramos, el pasado 22 de octubre el presidente Orsi anunció que el gobierno de Uruguay rescindirá el contrato con el astillero español, que iba a construir dos patrullas oceánicas por US$ 92 millones, por la garantía que presentó en su contrato.
La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.
Desde el gobierno de Orsi informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”.
Ante esa notificación, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés, que en 24 horas constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025.
Además, según informó el semanario Búsqueda este mismo viernes, la institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, cambió su dirección durante esta misma jornada. Según el citado medio, la nueva ubicación es 85 Great Portland Street en Londres, Reino Unido; otras empresas tienen sede en esa dirección y al menos tres de ellas fueron señaladas por incumplimientos de las normas antilavado en ese país por las autoridades competentes.
Así, según dijo el secretario de Presidencia, Alejando Sánchez, en conferencia de prensa el pasado miércoles, “no se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación”.
Montevideo Portal – Foto: Javier Noceti/Montevideo Portal