Sus opiniones en medios de prensa y en redes sociales resultan contundentes. Con fuerte presencia mediática en los últimos meses, la diputada suplente Natalia Pigurina (Identidad Soberana) se ha convertido en una de las voces más críticas frente al fideicomiso de hasta 60 millones de dólares que impulsa la Intendencia de Salto. Lejos de un debate ideológico, su planteo apunta al impacto estructural de una decisión que, según advierte, compromete al departamento por dos décadas y condiciona a varias generaciones.
SIN CORTAPISAS
Natalia Pigurina ha sido clara y directa: el fideicomiso que se discute en Salto no es una pulseada entre izquierdas y derechas, ni un choque entre conservadores y progresistas. Para la legisladora, el eje pasa por otro lado: la responsabilidad política frente a una decisión concreta que marcará un antes y un después en la historia financiera del departamento.
Desde su mirada, conceptos como “moderación”, “consenso” o “evitar la polarización” pueden resultar atractivos en el plano discursivo, pero pierden sentido cuando se los confronta con los números. Endeudar a Salto por hasta 20 años —con un préstamo de 60 millones de dólares que, según las tasas previstas, podría terminar costando entre 104 y 122 millones— no es moderación, sostiene Pigurina, sino una hipoteca sobre el futuro.
INTERESES TREMENDOS
La diputada ha insistido en explicar el fideicomiso en términos simples: no se trata solo del monto inicial, sino de los intereses que deberán pagarse año tras año. Entre 5 y 6 millones de dólares anuales saldrían del presupuesto departamental únicamente para cubrir la deuda, comprometiendo recursos que no podrán destinarse a salarios, servicios, mantenimiento ni políticas sociales durante al menos cuatro o cinco gestiones de gobierno.
LOS PROYECTOS PARECEN AUSENTES
Uno de los puntos más críticos de su argumentación es la falta de proyectos ejecutivos claros. Pigurina remarca que no existen planos, estudios técnicos ni presupuestos detallados que respalden el monto solicitado. A su entender, se trata de estimaciones generales que “cierran” para justificar la cifra, pero que dejan a la ciudadanía y a los ediles ante un verdadero cheque en blanco.
LEGALIDAD SI, AVAL NO
También cuestiona que el Tribunal de Cuentas no haya avalado la viabilidad financiera del endeudamiento, sino únicamente la legalidad del procedimiento. A esto se suma, según señala, la inclusión de gastos administrativos —como retiros incentivados o procesos de digitalización— dentro del fideicomiso, algo que considera impropio de una herramienta pensada, en teoría, para obras de infraestructura.
EL FUTURO SE LOS RECORDARÁ
En ese marco, Pigurina ha dirigido un mensaje especialmente duro y directo a los ediles departamentales. Para ella, el lunes no se vota un trámite más: se define un modelo de departamento y se asignan responsabilidades políticas concretas. Cada voto, advierte, tendrá nombre y apellido, y será recordado por una ciudadanía que —afirma— no olvida a quienes comprometen el futuro colectivo.
CUANDO PENSAR EN LA GENTE ES DECIR
En el planteo de Natalia Pigurina subyace una idea central: pensar en la gente también implica decir que no cuando el costo lo pagarán las próximas generaciones. El fideicomiso, insiste, no es inevitable ni neutral; es una decisión política de alto impacto histórico. Entre discursos amables y decisiones difíciles, la diputada opta por incomodar con números, advertencias y una consigna clara: Salto merece transparencia, coraje político y responsabilidad a largo plazo.