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En Justos y pecadores entrevistamos al abogado Camilo Silvera, representante de damnificados por Conexión Ganadera
Camilo Silvera, abogado que representa a 270 inversores estafados, incluidos los de República Ganadera y Grupo Larrarte, señaló que “estamos en el proceso y construcción de la demanda al Ministerio de Ganadería. Se están sumando nuevos damnificados, les pedimos la documentación y les explicamos el fundamento de la demanda. Está teniendo repercusión porque, obviamente, entienden que sí existieron omisiones contumaces en cuanto al procedimiento de contralor que tiene el ministerio”.
El monto de la demanda se estima en mil millones de dólares y se basa, sostuvo el abogado, “en la obligación que tiene el Mgap en controlar y dar certeza jurídica en cuanto a la información de dónde se encuentra en semoviente, en qué lugar, a nombre de qué propietario y en qué padrón. Además, debe dar lo que se llama la trazabilidad. Es un activo muy importante que, de hecho, Uruguay vende como país al extranjero”.
No obstante, dijo que “la participación del Estado no es pagar los platos rotos de otro. Juan Pueblo no tiene que pagar un peso. Si hay una solución es que el Estado se convierta en un socio que pueda poner plata, pero para ganar plata”.
Agregó que el Estado, a través del Mgap “tiene la obligación de velar porque el ciudadano conozca y sepa dónde está el semoviente. Eso brilló por su ausencia. El problema que tenemos con todos los damnificados es que van al Ministerio de Ganadería y no tienen el animal que le dijeron que tenía, o está a nombre de otra persona, o ni siquiera saben dónde está”.
Como ejemplo, citó que al momento de la transacción de una casa, el escribano debe, en primer lugar, pedir un registro a la oficina estatal que certifique quién es el propietario del inmueble. “Esto es lo que da la garantía que la casa que estoy comprando pertenece a la persona que dice ser la propietaria”, afirmó.
También se analiza, en caso de que si el negocio fuera financiero (no ganadero) el responsable sería, eventualmente, el Banco Central de Uruguay.
Por último, sostuvo que “esta omisión por parte del ministerio repercute en un daño y perjuicio en las personas que pusieron dinero en Conexión Ganadera, República Ganadera o Grupo Larrarte confiando que el Estado estaba detrás de todo esto, porque el Estado es el que oficia y da certera que efectivamente la vaca existe y pertenece a determinada persona”.
Escuchar la entrevista: