El Ministerio de Defensa Nacional resolvió habilitar el acceso irrestricto de la Institución Nacional de Derechos Humanos a archivos militares vinculados con el terrorismo de Estado y las desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y 1985.
La resolución, firmada el 4 de diciembre por la ministra Sandra Lazo, encomienda al Comando General del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia Estratégica y demás dependencias del ministerio «asegurar al personal designado por la INDDHH el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales» que puedan resultar relevantes para esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas.
La medida busca hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 19.822, aprobada en 2019, que encomendó a la INDDHH la búsqueda de detenidos desaparecidos y le otorgó potestades legales para acceder a archivos públicos y privados vinculados al pasado reciente.
La resolución toma como período de investigación el comprendido entre el 13 de junio de 1968, cuando el gobierno de Jorge Pacheco Areco decretó las Medidas Prontas de Seguridad suspendiendo las garantías constitucionales, y el 28 de febrero de 1985, fecha del retorno de la democracia.
En rueda de prensa, Lazo sostuvo que la documentación que pueda existir en dependencias militares es de «especial interés para la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas». Además, defendió la decisión del ministerio como una forma de avanzar hacia el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
«Nosotros habilitamos que ellos ingresen. En algún lado hay (información), porque los cuerpos siguen apareciendo y la verdad no puede demorar mucho», afirmó la ministra.
«La unidad nacional se va a dar cuando cierren las heridas, que hoy no están cerradas», agregó.
Una señal política sobre verdad y memoria
La resolución se produce en medio del histórico reclamo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para que el Estado profundice el acceso a información sobre las desapariciones forzadas y ordene a las Fuerzas Armadas entregar todos los datos disponibles sobre el destino de las víctimas.
La actual presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, señaló que el acceso a archivos militares ha estado históricamente marcado por restricciones y mecanismos burocráticos que impedían conocer directamente qué documentación existía.
“La idea es no seguir pidiendo la información”, afirmó Mota, quien planteó la necesidad de acceder directamente a los archivos para determinar su relevancia y reconstruir las circunstancias de las desapariciones.
La exjueza consideró que la resolución “debería ser un antes y un después”, aunque advirtió que será fundamental garantizar la preservación e intangibilidad de los archivos.
Por su parte, Ignacio Errandonea sostuvo que la medida “si se implementa bien, es un avance”, aunque aclaró que todavía no equivale a la orden histórica reclamada por la organización para que las Fuerzas Armadas entreguen toda la información que poseen.
Los archivos de la dictadura y una disputa abierta
La discusión sobre los archivos militares y el acceso a la información sobre el terrorismo de Estado ha sido uno de los ejes del debate político en los últimos años.
En 2021 se entregaron documentos hallados en el Grupo de Artillería Nº5. Los materiales incluían informes militares, partes de inteligencia y registros vinculados a personas detenidas durante la dictadura, aunque posteriormente la INDDHH concluyó que no contenían información relevante para ubicar desaparecidos.
A partir de aquel hallazgo, el Poder Ejecutivo impulsó la creación de una sección especializada sobre el pasado reciente en el Archivo General de la Nación. El debate parlamentario sobre esta iniciativa estuvo atravesado por polémicas luego de que el Ex-ministro Javier García cuestionara las interpretaciones sobre terrorismo de Estado y afirmara que «la historia puede ser más compleja que muchos relatos que se han construido».
En contraste, la resolución del actual Ministerio de Defensa Nacional, marca una señal política orientada a facilitar el acceso directo a archivos considerados claves para avanzar en verdad y justicia.
A mediados de diciembre, durante la colocación de una placa en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado en el predio militar conocido como «300 Carlos», Lazo sostuvo que existen «debates morales, jurídicos, políticos e históricos» que obligan a toda la sociedad.
«Hay quienes, al día de hoy, siguen incumpliendo algunos de esos deberes, eso los convierte en enemigos de la unidad de la Patria, negando el conocimiento de la verdad», expresó.