REFORMA DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS
Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia
1. ¿En qué consiste la reforma?
El Gobierno nacional impulsa una transformación del sistema de transferencias monetarias destinadas a hogares con niños, niñas y adolescentes, mediante la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia.
La iniciativa busca integrar en un único sistema distintas prestaciones económicas que hasta ahora funcionaban de manera separada, con diferentes criterios de acceso, mecanismos de administración y modalidades de pago.
La reforma representa uno de los principales cambios en las políticas de transferencias sociales de las últimas dos décadas y tiene como propósito fortalecer la protección económica de las familias, mejorar la cobertura de las prestaciones y contribuir a la reducción de la pobreza infantil.
La nueva política se enmarca en las prioridades del Gobierno nacional de colocar a la infancia y la adolescencia en el centro de las políticas públicas, atendiendo especialmente las situaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
2. ¿Qué prestaciones se unifican?
La nueva Asignación Única integra cuatro instrumentos de protección social:
– Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE).
– Asignaciones Familiares del régimen contributivo, correspondientes al Decreto-Ley N.º 15.084.
– Tarjeta Uruguay Social (TUS), en lo referido a las transferencias vinculadas a la presencia de niños, niñas, adolescentes y personas gestantes.
– Bono Crianza, destinado a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica con mujeres embarazadas y niños pequeños.
El objetivo es superar la fragmentación del sistema y avanzar hacia una prestación más integrada, con criterios comunes y una gestión coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social.
3. ¿Cuáles son los principales objetivos?
La reforma apunta a cuatro grandes objetivos:
Mejorar la cobertura: identificar e incorporar a hogares que, reuniendo las condiciones necesarias, actualmente no acceden a las prestaciones.
Incrementar los montos: fortalecer el apoyo económico que reciben las familias, especialmente aquellas que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad.
Simplificar el sistema: reducir la dispersión de prestaciones, los trámites y las dificultades administrativas para acceder a los beneficios.
Reducir la pobreza infantil: mejorar las condiciones materiales de vida de niños, niñas y adolescentes, priorizando las etapas iniciales del desarrollo.
4. ¿Cuándo comienza a implementarse?
La implementación está prevista para comenzar el 1.º de enero de 2027, de manera gradual.
En una primera etapa se incorporarán niños y niñas nacidos a partir del 1.º de enero de 2025, priorizando a la primera infancia, es decir, a quienes tendrán entre 0 y 2 años al inicio de la implementación.
Se estima que durante 2027 ingresarán aproximadamente 54.000 niños y niñas al nuevo sistema.
Posteriormente, se prevé continuar incorporando nuevas generaciones de manera progresiva, avanzando hacia una cobertura más amplia.
Es importante señalar que los niños, niñas y adolescentes nacidos antes del 1.º de enero de 2025 continuarán percibiendo las prestaciones a las que tengan derecho bajo el régimen vigente, hasta que corresponda su incorporación al nuevo sistema.
5. ¿Qué cambios habrá en los montos?
Uno de los aspectos centrales de la reforma es el fortalecimiento de las transferencias económicas.
Se establece un valor de referencia de $6.600 mensuales por beneficiario, con montos diferenciados de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad socioeconómica del hogar.
Para la primera infancia se establece un refuerzo especial.
Como referencia, el esquema previsto contempla:
– $10.000 mensuales: para el nivel de mayor vulnerabilidad socioeconómica, correspondiente al 20 % de los hogares más vulnerables, en el caso de embarazadas y niños de 0 a 3 años.
– $6.600 mensuales: para el segundo nivel de vulnerabilidad.
– $3.300 mensuales: para el tercer nivel de vulnerabilidad.
Los montos se establecen por beneficiario y no mediante las escalas de equivalencia utilizadas en el sistema anterior. Esto significa que el monto total del hogar aumenta proporcionalmente según la cantidad de niños y niñas comprendidos.
Las estimaciones oficiales indican que, para los niños de 0 a 3 años, el incremento promedio de las transferencias será del 84 %.
6. ¿Cómo se realizarán los pagos?
La reforma también contempla la unificación de los medios de pago.
Las prestaciones se acreditarán mediante cuentas en instituciones financieras o instrumentos de dinero electrónico, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.
Se prevé la posibilidad de utilizar la tarjeta BPS Prestaciones, emitida por el Banco República.
Este cambio procura simplificar el acceso a los recursos y brindar mayor flexibilidad a las familias en la utilización de las transferencias.
7. Educación y salud: se mantienen las corresponsabilidades
El nuevo sistema mantiene la importancia de la asistencia al sistema educativo y de la realización de los controles periódicos de salud.
Sin embargo, introduce una modificación relevante: ante situaciones de incumplimiento, la prestación no se suspenderá en su totalidad, sino que podrá aplicarse una reducción del 20 % del monto, una vez agotadas las instancias previstas para favorecer la vinculación o revinculación con los servicios correspondientes.
De esta manera, se busca preservar un piso de protección económica para las familias, sin dejar de promover el acceso a la educación y la salud.
8. Una política para fortalecer la protección de la infancia
La creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia constituye una transformación del sistema de protección social uruguayo.
La iniciativa parte del reconocimiento de que la pobreza afecta especialmente a los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes, y que las transferencias monetarias son una herramienta importante para mejorar sus condiciones de vida.
El fortalecimiento de estas prestaciones busca contribuir a que las condiciones socioeconómicas del hogar de nacimiento no determinen las oportunidades de desarrollo de las nuevas generaciones.
La reforma procura, además, avanzar hacia un Estado con mayor capacidad de respuesta, mejor coordinación institucional y herramientas más eficaces para acompañar a las familias.
La protección de la infancia es una responsabilidad colectiva y una prioridad para la construcción de una sociedad con más igualdad y oportunidades.
Participaron de la presentación:
– Lic. Jorge Vaz Tourem, Director Departamental del MIDES Salto.
– Ec. Juan Martín Fernández, Director Nacional de la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD).

Por mar24

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