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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que estaba explorando si podía aceptar la oferta de El Salvador de recibir y encarcelar a criminales estadounidenses violentos, aun cuando él mismo y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijeron que la propuesta plantea claros problemas jurídicos.
Rubio alcanzó la víspera un inusitado acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en torno a que la nación centroamericana acepte a las personas deportadas por Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluidos ciudadanos estadounidenses y residentes con estatus legal que estén encarcelados por crímenes violentos.
“Sólo digo que si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haría en un instante”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “No sé si podemos o no, estamos viendo eso ahora mismo”.
Horas antes, en una conferencia de prensa celebrada el martes en San José con el presidente costarricense Rodrigo Chaves, Rubio señaló que había “obviamente cuestiones legales involucradas. Tenemos una Constitución”.
Rubio señaló que había sido “una oferta muy generosa. Nadie ha hecho nunca una oferta así. Y para enviar al extranjero, a una fracción del costo, al menos a algunos de los criminales más peligrosos y violentos que tenemos en Estados Unidos”.
Rubio se reunió con Chaves para discutir asuntos sobre migración —una prioridad del gobierno de Trump— mientras el principal diplomático estadounidense enfrenta grandes trastornos en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que han dejado a muchos en la agencia de ayuda y el Departamento de Estado inquietos y temerosos por sus empleos.
Mientras Rubio se encuentra en una gira por cinco países de Centroamérica esta semana, los empleados de la USAID y los legisladores demócratas no pudieron ingresar a la sede de la agencia en Washington el lunes, luego de que el multimillonario Elon Musk, que dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), anunció que Trump había acordado con él cerrar la agencia.
Miles de empleados de la USAID ya habían sido despedidos y se habían cerrado programas luego de que Trump congeló la ayuda extranjera tras asumir el cargo. Más tarde, Rubio ofreció una dispensa para programas que ayudan a salvar vidas, pero la confusión sobre lo que está exento de las órdenes de suspensión —y el miedo de perder la ayuda estadounidense de manera permanente— sigue congelando la ayuda y el trabajo de desarrollo en todo el mundo.
“Diría que si alguna organización está recibiendo fondos de Estados Unidos y no sabe cómo aplicar una exención, entonces tengo serias preguntas sobre la competencia de esa organización”, comentó a los periodistas. “O me pregunto si están saboteando deliberadamente para hacer una declaración política”.
También señaló que ha “apoyado durante mucho tiempo la ayuda extranjera. Continúo apoyando la ayuda extranjera. Pero la ayuda extranjera no es caridad”. Precisó que cada dólar que Estados Unidos gasta debe impulsar el interés nacional.
En medio de la inestabilidad en casa, Rubio y Chaves hablaron de los desafíos de migración y seguridad que enfrenta Costa Rica, ya que se ha convertido no sólo en un país de tránsito para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos, sino también en un destino de miles de nicaragüenses desde que su país emprendió una batida contra la oposición a partir de 2018.
Costa Rica también ha luchado contra la violencia relacionada con las drogas durante los últimos dos años. “También entendemos que necesitamos fortalecer nuestra lucha contra el crimen organizado internacional”, dijo Chaves, agregando que Rubio había ofrecido mantener el apoyo de Estados Unidos a través de exenciones para permitir que esa asistencia extranjera siga fluyendo.
Después de su reunión con Chaves, Rubio llegó a Ciudad de Guatemala para reunirse con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.
Un día antes, Rubio se reunió en San Salvador con Bukele, quien confirmó la oferta de deportación en una publicación en X, en la que señaló que El Salvador ofreció “a los Estados Unidos de América la oportunidad de subcontratar parte de su sistema penitenciario”.
Bukele añadió que su país solo aceptará a “criminales convictos” y que cobrará una tarifa que “sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros, lo que haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.
El Departamento de Estado describe las cárceles de El Salvador como “duras y peligrosas”. En su página web actual de información del país señala que “en muchas instalaciones, las provisiones para saneamiento, agua potable, ventilación, control de temperatura e iluminación son inadecuadas o inexistentes”.
El Salvador vive bajo un estado de excepción desde marzo de 2022, cuando las poderosas pandillas callejeras del país iniciaron una ola de asesinatos. Bukele respondió suspendiendo derechos fundamentales como el acceso a abogados, y las autoridades han arrestado a más de 83.000 personas con poco o ningún debido proceso.
En 2023, Bukele inauguró una megaprisión con capacidad para 40.000 pandilleros y redujo los alimentos de los prisioneros a dos veces al día. Los prisioneros allí no reciben visitas, y no hay programas que los preparen para la reinserción en la sociedad después de sus condenas, ni talleres o programas educativos.
El Salvador, que alguna vez fue uno de los países más peligrosos del mundo, cerró el año pasado con un mínimo histórico de 114 homicidios, una nueva sensación de seguridad que ha impulsado la popularidad de Bukele en el país de unos 6 millones de habitantes.
apnews.com- POR MATTHEW LEE-